Joseph E. Stiglitz: Por un capitalismo progresista.

Hace tres años la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y el referendo por el Brexit en el Reino Unido confirmaron algo que quienes llevamos mucho tiempo estudiando las estadísticas de ingresos ya sabíamos: en la mayoría de los países avanzados la economía de mercado no funciona para amplios sectores de la sociedad.

En ningún lugar es más evidente que en Estados Unidos. Considerado desde hace mucho el paradigma de las promesas del individualismo de libre mercado, hoy Estados Unidos tiene más desigualdad y menos movilidad social ascendente que la mayoría de los otros países desarrollados. Tras un siglo de aumento, la expectativa media de vida en Estados Unidos está en caída. Y para los que pertenecen al 90% inferior de la distribución de ingresos el salario real (ajustado por inflación) está estancado: el ingreso de un trabajador varón típico hoy es más o menos igual que hace 40 años.

Muchos países europeos intentaron emular a Estados Unidos, y los que lo consiguieron, en particular el Reino Unido, ahora padecen consecuencias políticas y sociales similares. Tal vez Estados Unidos haya sido el primer país en crear una sociedad de clase media, pero Europa nunca estuvo muy atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial superó en muchos aspectos a Estados Unidos en la creación de oportunidades para sus ciudadanos. Por medio de una variedad de políticas, los países europeos crearon el moderno Estado de bienestar para la provisión de protección social y la realización de inversiones importantes en áreas donde el mercado dejado a sí mismo no invertiría lo suficiente.

El modelo social europeo, como se le bautizó, prestó buen servicio a estos países por décadas. Los gobiernos europeos pudieron mantener la desigualdad a raya y preservar la estabilidad económica pese a la globalización, el cambio tecnológico y otras fuerzas disruptivas. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, seguida por la crisis del euro, a los países europeos con el Estado de bienestar más fuerte, en particular los escandinavos, les fue mejor que al resto. Contra lo que muchos en el sector financiero querrían pensar, el problema no fue un exceso de presencia estatal en la economía, sino su insuficiencia: las dos crisis fueron resultado directo de falta de regulación del sector financiero.

Ahora en ambos lados del Atlántico se está dando un proceso de vaciamiento de la clase media. Para revertir el malestar hay que determinar qué estuvo mal y trazar un nuevo rumbo futuro mediante la adopción de un capitalismo progresista, que sin dejar de reconocer las virtudes del mercado también reconozca sus limitaciones y se asegure de que la economía esté al servicio de todos.

Ya no podemos regresar a la edad dorada del capitalismo occidental en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que un estilo de vida de clase media estaba al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Ni querríamos necesariamente hacerlo. Al fin y al cabo, durante este periodo el “sueño americano” estuvo en gran medida reservado a una minoría privilegiada: los varones blancos.

Podemos agradecer por el actual estado de cosas al ex presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan y a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Las reformas neoliberales de los ochenta se basaron en la idea de que el mercado, una vez liberado de restricciones, produciría prosperidad compartida, por medio de un misterioso proceso de derrama. Se nos dijo que la rebaja de impuestos a los ricos, la financierización y la globalización generarían una mejora de los niveles de vida para todos. En vez de eso, la tasa de crecimiento de los Estados Unidos se redujo a cerca de dos tercios de su nivel de la posguerra (periodo en el cual hubo fuerte regulación financiera y el tipo impositivo marginal máximo fue sistemáticamente superior a 70%), y una proporción mayor de la riqueza y del ingreso derivados de este crecimiento limitado se canalizó hacia el 1% superior. En vez de la prosperidad prometida tuvimos desindustrialización, polarización y reducción de la clase media. Y estas pautas continuarán, o empeorarán, a menos que cambiemos el libreto.

Felizmente, hay una alternativa al fundamentalismo de mercado. Un rebalanceo pragmático del poder entre el Estado, los mercados y la sociedad civil nos permitirá avanzar hacia un sistema más libre, más justo y más productivo. El capitalismo progresista implica redactar un nuevo contrato social entre los votantes y los gobernantes, entre los trabajadores y las corporaciones, entre los ricos y los pobres. Para que un estándar de vida de clase media vuelva a ser una meta realista para la mayoría de los estadunidenses y de los europeos, los mercados tienen que estar al servicio de la sociedad y no al revés.

A diferencia del neoliberalismo, el capitalismo progresista se basa en comprender correctamente el modo de creación de valor en la actualidad. La riqueza real y sostenible de las naciones no surge de la explotación de países, recursos naturales y personas, sino del ingenio humano y la cooperación, a menudo facilitados por los gobiernos y las instituciones de la sociedad civil. Desde la segunda mitad del siglo XVIII la innovación, con el aumento de productividad que genera, ha sido el verdadero motor del dinamismo y de la mejora de los niveles de vida.

El veloz progreso económico iniciado por la Revolución Industrial, después de siglos de casi total estancamiento, se apoya en dos pilares. El primero es la ciencia, a través de la cual podemos aprehender el mundo que nos rodea. El segundo es la organización social, que nos permite ser mucho más productivos trabajando juntos que si lo hiciéramos por separado. Ambos pilares han recibido con el tiempo el refuerzo de instituciones como el Estado de derecho, la democracia con un sistema de controles y contrapesos, y la aplicación de normas y estándares universales.

Basta un poco de reflexión para darse cuenta de que son éstas las fuentes de la prosperidad material. Pero muchos confunden la creación de riqueza con la extracción de riqueza. Personas y corporaciones pueden hacerse ricas apelando al poder de mercado, a la discriminación de precios y a otras formas de explotación, sin hacer ningún aporte a la riqueza de la sociedad. Por el contrario, suele ocurrir que esa conducta empeore la situación del resto. A estos usurpadores de riqueza, que tratan de quedarse con un trozo mayor del pastel económico que el que crearon, los economistas los llaman buscadores de rentas. El término tiene su origen en la renta de la tierra: quienes la recibían no lo hacían como resultado de sus propios esfuerzos, sino simplemente como consecuencia de la propiedad, a menudo heredada.

Esa conducta nociva está muy difundida en la economía estadunidense, donde cada vez más sectores han quedado bajo el dominio de unas pocas empresas. Estas megacorporaciones han usado su poder de mercado para enriquecerse a costa de todos. Con el cobro de precios más altos, disminuyen en la práctica el nivel de vida de los consumidores. Pueden usar las nuevas tecnologías (y las usan) para practicar formas de discriminación a gran escala, en las que en vez de un único precio de equilibrio entre la oferta y la demanda determinado por el mercado, a cada cliente se le cobra un precio diferente, el máximo que está dispuesto a pagar, determinado algorítmicamente.

Al mismo tiempo, las corporaciones estadunidenses han usado la amenaza de trasladar puestos de trabajo al extranjero para reducir los salarios locales. Y cuando eso no les bastó, presionaron a políticos maleables, para debilitar todavía más el poder de negociación de los trabajadores. Sus esfuerzos surtieron efecto: la proporción de trabajadores afiliados a sindicatos se redujo en la mayoría de las economías avanzadas, pero sobre todo en Estados Unidos, y la participación de los trabajadores en el ingreso se derrumbó.

Es indudable que los avances en tecnología y el crecimiento de los mercados emergentes han tenido algún papel en la ante dicha reducción de la clase media, pero para la política económica son secundarios. Lo sabemos porque los mismos factores han tenido efectos diferentes según el país. El ascenso de China y el cambio tecnológico se hicieron sentir en todas partes, pero Estados Unidos tiene mucha más desigualdad y menos movilidad social que muchos otros países, por ejemplo Noruega.

Asimismo, allí donde más avanzó la desregulación financiera más frecuentes son los abusos del sector financiero como la manipulación del mercado, el préstamo predatorio y el cobro de comisiones excesivas en las tarjetas de crédito.

O piénsese en la obsesión de Trump con los acuerdos comerciales. Si algún mal servicio ha prestado el gobierno a los trabajadores estadounidenses, esto no ha sido porque en las negociaciones de comercio los representantes de los países en desarrollo hayan sido más inteligentes que los de Estados Unidos. De hecho, es común que en esas negociaciones Estados Unidos consiga casi todo lo que pide. El problema es que lo que pide refleja los intereses de las corporaciones estadounidenses, no los de la ciudadanía de a pie.

Y aunque la situación actual ya es mala de por sí, todavía va a empeorar. Piénsese en la desigualdad de ingresos en Estados Unidos. Ya se proclama que la inteligencia artificial y la robotización serán los motores del crecimiento futuro; pero con el marco regulatorio y político vigente muchas personas se quedarán sin empleo y tendrán poca ayuda del Estado para encontrar otro. Los vehículos autónomos por sí solos privarán del sustento a millones de personas. Al mismo tiempo, nuestras megatecnológicas están haciendo todo lo posible por dejar al Estado sin capacidad de respuesta, y no sólo porque presionen por la rebaja de impuestos: están demostrando la misma inventiva en evitar impuestos y explotar a los consumidores que antes mostraron en desarrollar innovaciones de avanzada. Además, han mostrado escasa o nula consideración por la privacidad de las personas. En la práctica, sus modelos de negocios y su conducta están exentos de supervisión.

Sin embargo, queda algo de esperanza en el hecho de que la disfunción económica estadunidense es resultado de nuestras propias políticas. Algunos países que enfrentan las mismas fuerzas globales han adoptado políticas que llevaron a economías dinámicas en las que la ciudadanía de a pie prosperó. Con reformas para un capitalismo progresista, podemos empezar a recuperar el dinamismo económico y asegurar igualdad y oportunidades para todos. La máxima prioridad debe ser poner freno a la explotación y alentar la creación de riqueza, y el mejor (o el único) modo de hacerlo es mediante la cooperación de las personas, especialmente por medio del Estado.

Para cada forma de usurpación de riqueza (desde abusar del poder de mercado y de asimetrías de información hasta lucrar con el deterioro medioambiental) hay políticas y regulaciones concretas que pueden evitar que se den los peores resultados y generar amplios beneficios económicos y sociales. Cada víctima menos de la contaminación del aire, de sobredosis de drogas y de “muerte por desesperación” es una persona más para contribuir productivamente a la sociedad.

La regulación tiene mala prensa desde que Reagan y Thatcher la convirtieron en sinónimo de “papeleo burocrático”. Pero muchas veces la regulación mejora la eficiencia. Cualquier residente de una ciudad sabe que sin semáforos (una “regulación” sencilla que organiza el flujo de autos en una intersección) viviríamos en un atasco permanente. Sin normas sobre calidad del aire, el esmog en Los Ángeles y Londres sería peor que el aire en Beijing y Delhi. El sector privado nunca se hará cargo por sí mismo de frenar la contaminación; pregúntenle si no a Volkswagen.

Trump y los lobistas que designó para desmantelar el gobierno estadunidense están haciendo todo lo posible por eliminar regulaciones que protegen el medio ambiente, la salud pública e incluso la economía. Durante más de cuatro décadas después de la Gran Depresión, un sólido marco regulatorio evitó crisis financieras, hasta que en los ochenta se lo empezó a considerar un “obstáculo” a la innovación. La primera oleada de desregulación trajo consigo la crisis de las cajas de ahorro, a lo que siguieron más desregulación y la burbuja de las puntocom en los noventa, y finalmente la crisis financiera global en 2008. Entonces los países de todo el mundo trataron de reescribir las reglas para evitar que se repita. Pero ahora la administración Trump está haciendo todo lo posible para revertir ese progreso.

Se han eliminado normas antitrust que fueron implementadas para garantizar que los mercados funcionen como se supone que deberían hacerlo: en forma competitiva. Limitar la búsqueda de rentas, las prácticas anticompetitivas y otros abusos implica aumentar la eficiencia y la producción y alentar más inversiones. Mejor aún, libera recursos para actividades que realmente contribuyen al bienestar. Si menos estudiantes brillantes terminarán trabajando en el sector bancario, tal vez habría más que se dediquen a la investigación. Ambos campos ofrecen grandes desafíos, pero en uno el énfasis está puesto en aprovecharse de la gente, y en el otro está puesto en aumentar lo que sabemos y lo que podemos hacer. Y como el peso de la explotación se siente especialmente en la base de la pirámide económica, esos cambios también reducirán la desigualdad y reforzarán el tejido de la sociedad estadounidense.

Como su mismo nombre indica, el capitalismo progresista reconoce tanto el poder cuanto las limitaciones de los mercados. Es un hecho evidente que, librado a sí mismo, el sector privado siempre produce demasiado de algunas cosas (por ejemplo, contaminación) y demasiado poco de otras (por ejemplo, investigación básica, fuente de la innovación y del dinamismo económico). El Estado tiene una función central que cumplir no sólo en evitar que el sector privado haga lo que no debe, sino también en alentarlo a hacer lo que debe. Y la acción colectiva (a través del Estado) nos permite hacer cosas que no podríamos hacer solos, y que el mercado por sí solo no hará. El ejemplo obvio es el sector de la defensa, pero además, innovaciones a gran escala como la creación de internet y el Proyecto Genoma Humano son ejemplos de inversiones públicas que transformaron nuestras vidas. Y el sector privado tampoco proveerá muchos de los servicios universales que son la base de toda sociedad digna. La razón por la que el gobierno de Estados Unidos creó la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y los seguros de desempleo e incapacidad es que los empresarios y las corporaciones no proveían esos servicios esenciales, o lo hacían con costos y restricciones inaceptables (por ejemplo, negar el seguro de salud a personas con enfermedades preexistentes). Y en muchas de estas áreas el Estado fue más eficiente que el sector privado. La Seguridad Social tiene una fracción del costo administrativo de los planes de retiro privados, y cubre una variedad más amplia de riesgos, por ejemplo, los asociados con la inflación.

Regulaciones y reformas dictadas por el sentido común como las descritas son necesarias para recuperar el crecimiento y volver a poner una vida de clase media al alcance de la mayoría de los estadounidenses y europeos. Pero no son suficientes. Necesitamos un nuevo contrato social para el siglo XXI que garantice a todos los ciudadanos acceso a atención médica, educación, seguridad al momento del retiro, vivienda asequible y trabajo digno con remuneración digna.

Muchos países ya han demostrado que elementos de este contrato social separados son alcanzables. Al fin y al cabo, Estados Unidos es el único país desarrollado que no reconoce la atención de la salud como un derecho humano básico. Irónicamente, mientras Estados Unidos gasta más en salud (per cápita o como proporción del PIB) que cualquier otro país desarrollado, su sistema, predominantemente privado, produce resultados peores. Su expectativa de vida es apenas superior a la de Costa Rica, un país de ingresos medios con un quinto de su PIB per cápita.

Estados Unidos paga un alto precio por estas deficiencias, cuyos costos casi seguramente seguirán creciendo con el tiempo. La tasa de participación en la fuerza laboral de los varones en la edad de máximo rendimiento está en un mínimo histórico, y la tasa de las mujeres también ha comenzado a disminuir. Muchos de los que abandonaron el mercado laboral padecen problemas de salud crónicos y toman analgésicos de venta bajo receta, lo que contribuye a la crisis de opioides que hoy define a los Estados Unidos de Trump. Cuando el 21% de los niños estadounidenses crece en la pobreza, es indudable que la subinversión persistente en educación pública afectará la futura productividad.

Desde el punto de vista del capitalismo progresista, la clave para un nuevo contrato social es ofrecer alternativas públicas en servicios esenciales para el bienestar. Esa posibilidad aumentará la libertad de elección de los consumidores y alentará la competencia, lo que a su vez reducirá los precios y generará innovación. Muchos esperaban que la Ley de Atención Médica Accesible de 2010 (Obamacare) incluyera un seguro de salud público pero, finalmente, los lobistas de la industria consiguieron eliminarlo del proyecto final, lo cual fue un error.

Más allá del sector de la salud, Estados Unidos también necesita alternativas públicas en planes de retiro, hipotecas y préstamos estudiantiles. En el primer ítem, quienes quieran tener más ingresos cuando se retiren tendrían la opción de contribuir más a la seguridad social durante sus años de trabajo, con un aumento equiparable en sus prestaciones de retiro. Esto no sólo sería más eficiente que aportar a un plan privado complementario, sino que también protegería a la ciudadanía de empresas de gestión patrimonial explotadoras. De hecho, muchas de estas empresas se han opuesto a tener que respetar cualquier tipo de obligación fiduciaria; lo que están diciendo, en la práctica, es que sin desplumar a sus clientes no pueden ganar lo suficiente para justificar su existencia. Desde este punto de vista, los conflictos de interés son una parte más de la competencia feroz en el capitalismo del siglo XXI: ¿por qué obligar a las empresas a revelarlos?

Además, como los bancos estadounidenses ahora afirman que no pueden asumir el riesgo de garantizar hipotecas, alrededor del 90% de todos los préstamos hipotecarios en los Estados Unidos los respalda el gobierno federal. Pero si los contribuyentes ya asumieron casi todo el riesgo, mientras el sector privado sigue cosechando todos los beneficios, no hay motivos para no ofrecer una alternativa pública. El Estado podría empezar a ofrecer una hipoteca convencional de 20% a 30 años a toda persona que haya pagado impuestos durante cinco años, a una tasa ligeramente superior a la que paga para endeudarse. Y a diferencia de las hipotecas privadas, prácticamente diseñadas para asegurar que millones de familias perdieran sus casas en la crisis financiera, una alternativa pública podría permitir a los trabajadores quedarse en sus casas si tuvieran problemas económicos transitorios.

En general estas propuestas no deberían generar grandes dudas, pero las reformas económicas que necesitamos enfrentarán importantes obstáculos políticos, por la influencia de intereses creados. Es el problema de la alta desigualdad económica: inevitablemente genera y refuerza desigualdad política y social.

Cuando surgió el movimiento progresista original, durante la Edad Dorada estadounidense a fines del siglo XIX, su objetivo principal fue arrancarles una gobernanza democrática a los grandes capitalistas monopólicos y a sus aliados políticos. Lo mismo vale para el capitalismo progresista hoy. Hay que revertir los intentos sistemáticos del Partido Republicano de dejar sin representación a grandes sectores del electorado por medio de la supresión de votantes, el trazado arbitrario de distritos electorales y otras técnicas antidemocráticas. También hay que reducir la influencia del dinero en la política, y restaurar un adecuado sistema de controles y contrapesos. La presidencia de Trump es un recordatorio de que esos controles son indispensables para el correcto funcionamiento de una democracia. Pero también expuso los límites de las instituciones actuales (como el Colegio Electoral, por cuyo intermedio se elige al presidente y al Senado, donde un estado pequeño como Wyoming, con menos de 600 mil habitantes, tiene la misma cantidad de votos que California, con casi 40 millones), y al hacerlo puso de manifiesto la necesidad de una reforma política estructural.

Lo que está en juego, en Estados Unidos y en Europa, es la prosperidad compartida y el futuro de la democracia representativa. La explosión de malestar público de estos últimos años en todo Occidente es reflejo de una creciente sensación de impotencia económica y política de parte de los ciudadanos, que ven sus posibilidades de tener una vida de clase media evaporarse ante sus ojos. El capitalismo progresista busca limitar el poder excesivo de la riqueza concentrada sobre la economía y la política.

Pero hay todavía algo más en juego: la sociedad civil y nuestro sentido de identidad, como individuos y colectivamente. La economía configura quiénes somos, y en los últimos 40 años una economía basada en un materialismo amoral (o incluso inmoral) y en la búsqueda de ganancias creó una generación que abraza esos valores.

No tiene por qué ser así. Podemos tener una economía más compasiva y atenta a las necesidades de la gente, basada en cooperativas y otras alternativas a la empresa lucrativa. Podemos diseñar mejores sistemas de gobernanza corporativa, donde la ganancia a corto plazo no sea todo. Podemos y debemos esperar una conducta mejor de las empresas maximizadoras de ganancias, y algunas de sus tentaciones a comportarse mal se eliminan con una adecuada regulación.

Llevamos 40 años de experimento neoliberal. Los resultados están a la vista: según cualquier criterio, el experimento fracasó. Y según el criterio más importante (el bienestar de la ciudadanía de a pie) fracasó miserablemente. Tenemos que salvar al capitalismo de sí mismo, y la mejor chance que tenemos de hacerlo es adoptar una agenda de reforma basada en el capitalismo progresista.

Joseph E. Stiglitz

Profesor de la Universidad de Columbia y ganador del Premio Nobel 2001 en Ciencias Económicas. Su libro más reciente se titula People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent (W. W. Norton and Allen Lane) [La gente, el poder y las ganancias: un capitalismo progresista para una era de descontento].

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