martes, 25 de septiembre de 2018

El negocio con la pobreza.



Los estados industrializados están saturados, las empresas de alimentación casi no registran crecimiento.

Por eso las multinacionales ponen su atención en los nuevos mercados y venden sus productos a países emergentes y en desarrollo obteniendo grandes beneficios. Tomando como ejemplo São Paulo y Kenia, el reportaje muestra como los consorcios se enriquecen a costa de la salud. Prometen marcas de calidad para todo el mundo y ofrecen productos industriales con mucha sal, azúcar y saborizantes. Las consecuencias son sobrepeso y enfermedades típicas de nuestra civilización, como la diabetes, en sociedades que ya de por sí tienen problemas de pobreza y malnutrición. En países emergentes y en desarrollo la comida industrializada hecha en Europa es, en muchos casos, un símbolo de estatus. En Brasil y Kenia las multinacionales se aprovechan de esto para dirigir sus campañas publicitarias a los pobres. En pequeños paquetes, los llamados PPP o "productos a precios asequibles", se venden artículos de marca por centavos. Se capacita a las mujeres de los barrios pobres para que vendan los productos en su entorno familiar. Son trabajos desempeñados por mujeres mayormente sin estudios que ansían trabajar para una compañía internacional. También eso es parte de la política de las empresas, mostrar una supuesta responsabilidad social donde el Estado no lo hace. Para críticos como el Dr. Carlos Monteiro, profesor de alimentación y salud de la Universidad de São Paulo, llevarle a las personas productos poco saludables en masa y presentarse, al mismo tiempo, como benefactores, es una contradicción absoluta; márquetin engañoso a espaldas de los más pobres.

lunes, 20 de agosto de 2018

Alemania, país de desigualdad.


En Alemania, uno de los países más ricos del mundo, está aumentando la desigualdad. Los ricos prosperan, los pobres se quedan rezagados.

La clase media lucha por mantener su estatus, en lugar de, como en el pasado, lograr el ascenso mediante el trabajo y el mérito. Los jóvenes de hoy disponen de menos ingresos que las generaciones anteriores. Los cineastas viajan por la Alemania "de la desigualdad" y revelan cifras claras y trasfondos.

En el reportaje intervienen los principales investigadores y expertos en la desigualdad del mundo. Y acompañan en su trabajo a Christoph Gröner, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios alemanes. "Si Usted tiene una gran fortuna, ya no puede perderla mediante el consumo, arroja el dinero por la ventana y este vuelve a entrar por la puerta", dice Gröner. Construye edificios de apartamentos en casi todas las principales ciudades alemanas, vende casas y planifica barrios enteros. "Los empresarios somos más poderosos que los políticos porque somos más independientes"

Dan su opinión los principales investigadores y expertos mundiales en desigualdad, como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el economista Thomas Piketty o Brooke Harrington, que han llevado a cabo una intensa investigación de campo entre los inversores de la élite financiera internacional. Branko Milanovic fue director económico del Banco Mundial y evalúa la globalización. Los perdedores, dice, son la clase media baja de los países ricos, como Alemania. "Estas personas hoy ganan lo mismo que ganaban hace 20 años". Milanovic resume, "Como hace cien años la humanidad se encuentra nuevamente ante una encrucijada: ¿Sigue permitiendo que la creciente desigualdad destruya las sociedades de los países ricos, o le hace frente?"

jueves, 17 de mayo de 2018

La Comuna de París.


La Comuna de París fue un breve movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de París del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, instaurando un proyecto político popular socialista autogestionario.

Tras la derrota y derrumbe del gobierno imperial de Napoleón III en la guerra franco-prusiana (1870-1871), París fue sometida a un sitio de más de cuatro meses (19 de septiembre de 1870-28 de enero de 1871), que culminó con la entrada triunfal de los prusianos —que se retiraron de inmediato— y la proclamación imperial de Guillermo I de Alemania en el Palacio de Versalles.

Debido a que París no aceptaba rendirse, la nueva Asamblea Nacional y el gobierno provisional de la República, presidido por Adolphe Thiers, prefirieron instalarse en Versalles y desde ahí doblegar a la población rebelde. El vacío de poder en París provocó que la milicia ciudadana, la Guardia Nacional Francesa, se hiciera de forma efectiva con el poder a fin de asegurar la continuidad del funcionamiento de la administración de la ciudad. Se beneficiaron del apoyo y de la participación activa de la población obrera descontenta, del radicalismo político muy extendido en la capital que exigía una república democrática, y de la oposición a la más que probable restauración de la monarquía borbónica. Al intentar el gobierno arrebatarles el control de las baterías de cañones que habían sido compradas por los parisinos por suscripción popular para defender la ciudad, estos se alzaron en armas. Soldados de la Guardia Nacional de la Comuna asesinaron a dos generales del ejército francés, y la Comuna se negó a aceptar la autoridad del gobierno francés.8​9​ Ante esta rebelión, Thiers ordenó a los empleados de la administración evacuar la capital, y la Guardia Nacional convocó elecciones para el consejo municipal que fue copado por radicales republicanos y socialistas.


La Comuna (el término commune designaba entonces y aún designa al ayuntamiento en francés) gobernó durante 60 días promulgando una serie de decretos revolucionarios, como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Muchas de estas medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que había causado la guerra. Sometida casi de inmediato al asedio del gobierno provisional, la Comuna fue reprimida con extrema dureza. Tras un mes de combates, la reconquista del casco urbano provocó una fiera lucha calle por calle, la llamada «Semana Sangrienta» (Semaine sanglante) del 21 al 28 de mayo. El balance final supuso unos 10 000 muertos, el destrozo e incendio de más de 200 edificios y monumentos históricos, y el sometimiento de París a la ley marcial durante cinco años.

Ya que los sucesos de la Comuna de París tuvieron lugar antes del cisma entre anarquistas y marxistas, ambos movimientos políticos la consideran como propia y la celebran como la primera toma de poder de las clases proletarias en la historia de Europa occidental. Karl Marx la describió como el primer ejemplo concreto de una dictadura del proletariado en la que el Estado es tomado por el proletariado,10​ a lo que Bakunin respondió que —al no depender de una vanguardia organizada y no haber arrebatado el poder al Estado francés o intentado crear un estado revolucionario— la comuna parisina era anarquista.

lunes, 7 de mayo de 2018

El intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica.


Desde que a principios del siglo XIX se estableciese en Estados Unidos la llamada Doctrina Monroe, el intervencionismo de Estados Unidos en el continente americano ha sido una práctica habitual y creciente durante el contexto de la Guerra Fría.

Inicialmente, la lógica de América para los americanos era un alegato anticolonial promulgado desde Washington para prevenir las intervenciones europeas en suelo americano una vez todas —o la mayoría— de las colonias en el continente se habían independizado.

Sin embargo, el peso político y económico de Estados Unidos acabó mutando este mensaje hasta convertirlo en el derecho a tener un área de influencia propia y exclusiva en el continente americano. Así, cuando comenzó la Guerra Fría, Estados Unidos llevó a cabo numerosas intervenciones militares o a través de los servicios secretos con el fin de desestabilizar Gobiernos alineados con el bloque comunista o que mostrasen simpatía hacia ellos.

domingo, 29 de abril de 2018

La geopolítica de Enrique Dussel

sábado, 28 de abril de 2018

El largo camino del refugiado: esclavos a las puertas de Europa.

La marina irlandesa rescatando a una embarcación de inmigrantes durante la Operación Tritón. Fuente: Irish Defence Forces (Flickr).

La crisis de las personas refugiadas ha estado en portada durante meses. Miles de personas huyen a diario de la guerra, de la violación de sus derechos o de la pobreza buscando seguridad y oportunidades. Muchos nos lamentamos cuando vemos barcazas llenas de personas intentando llegar a Europa, pero todavía desconocemos cuál ha sido su camino.

Las cifras de desplazados que estamos viendo los últimos años son las más elevadas de la Historia, de un refugiado por cada 160 personas a uno por cada 113 en solo diez años. Así, a finales de 2016 se contabilizaban 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente —incluidas las internas— en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos, esto es, 300.000 más que el año anterior. De estos más de 65 millones, un tercio son refugiados, personas que, “debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o no quieren acogerse a la protección de su país, o no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren regresar a él”, según la definición de Acnur. En total, más de la mitad de los refugiados procedían de tres países: Siria, Afganistán y Sudán del Sur. Tampoco hay que olvidar a los procedentes de Irak, Yemen, Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Eritrea.

En el mundo hay más 65 millones de desplazados a la fuerza, de los cuales más de 22 millones son refugiados. Fuente: Acnur.

Ninguno de los países es igual. Por lo general, los eritreos huyen de las violaciones de derechos humanos y de los servicios militares indefinidos; los somalíes buscan un lugar donde vivir lejos de los conflictos armados que han marcado la Historia del país; los nigerianos temen a Boko Haram; los gambianos escapan de un Gobierno autoritario y de la ausencia de servicios sanitarios gratuitos, y los senegaleses quieren hacer algo más que subsistir en un país en vías de desarrollo. Pero, teniendo en cuenta el origen de la mayoría de las personas refugiadas —generalmente procedentes del norte de África o de Oriente Próximo—, podemos entender por qué Libia se ha convertido en el lugar de paso más frecuentado por los africanos, donde las mafias controlan el tránsito de personas. Para los que proceden de Oriente Próximo, es la única alternativa después del cierre del corredor humanitario de los Balcanes y el bloqueo de Turquía. Y para los que proceden del África subsahariana, parece mucho más sencillo llegar a Europa cruzando el Mediterráneo desde un Estado fallido que no tiene ningún control fronterizo que desde Ceuta o Melilla, con vallas repletas de cuchillas y cuerpos de seguridad armados esperando al otro lado.

Libia, Estado fallido
Los 42 años de Muamar el Gadafi en el poder se caracterizaron por su control absoluto del país, marcado por la corrupción y la violación de derechos humanos. Durante décadas, Occidente lo consideraba un enemigo por sus acciones en el exterior y su apoyo a grupos armados —desde las FARC hasta el IRA— , pero a principios del siglo XXI esta relación cambió cuando se distanció de las prácticas terroristas, renunció públicamente a las armas de destrucción masiva y ofreció alianzas en dos temas claves a las potencias occidentales: acceso al petróleo y control de la inmigración irregular. Este cambio mejoró las relaciones de poder entre Estados, pero Libia siguió siendo considerado uno de los países más dictatoriales y opacos del mundo y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional denunciaron los abusos sistemáticos de los derechos humanos.

En 2011 se extendió en Libia lo que se conoció como la primavera árabe. En febrero, una parte de la población inició una revuelta popular contra el Gobierno de Gadafi y los rebeldes anunciaron la creación de un Consejo Nacional de Transición (CNT), que en los meses siguientes fue reconocido como interlocutor internacional legítimo. Una vez más, las potencias occidentales daban la espalda al dictador después de las alianzas establecidas a principios del milenio. Los combates entre rebeldes y las fuerzas leales al régimen llevaron a un mayor control por parte de la oposición en el este del país. Esto obligó a Gadafi a intensificar tanto su ofensiva que las potencias occidentales intervinieron militarmente para debilitarlo. Tras meses de enfrentamientos, los rebeldes tomaron el control de la capital y consiguieron acorralar a las fuerzas progubernamentales en Bani Walid y Sirte, donde Gadafi fue ejecutado por los rebeldes. Su asesinato propició que el CNT declarara la “liberación” de Libia a finales de octubre y que la OTAN anunciara el fin de sus operaciones. No obstante, la inestabilidad y la inseguridad han continuado definiendo el orden del país hasta la actualidad.

La fragmentación del país, con dos Gobiernos opuestos —el de Fayez al Sarraj en Trípoli, apoyado por la ONU, y la Administración opositora, situada en Tobruk—, y la presencia creciente del Dáesh aumentan su vulnerabilidad y la de todos sus habitantes. Y no solo eso: también hace sus fronteras más porosas por la falta de controles fronterizos efectivos, lo que hace más sencilla la circulación de personas refugiadas, pero también de terroristas. No existen controles fronterizos efectivos; es más, Haji —un testimonio que aparecerá a lo largo de este artículo porque pudo sobrevivir a la travesía que lo llevó a España desde Gambia— afirma que a su hermano lo paró la misma policía libia cuando iba en el barco que tenía que llevarlo a Europa. Él desconocía que, con tal de lucrarse, la policía manda de vuelta a los barcos para que los migrantes tengan que pagar de nuevo a las mafias.

A pesar de este contexto de corrupción, el cierre del corredor humanitario en los Balcanes, el endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea —que se materializó con el acuerdo con Turquía para deportar a toda persona que llegara a Grecia— y la prácticamente imposible entrada por Ceuta y Melilla hacen igualmente que Libia sea la única vía de los refugiados para llegar a Europa. Esto explica que desde 2013 los migrantes que intentan llegar a Europa por esta vía se hayan cuadriplicado o que en 2016 casi 182.000 personas intentaran llegar a las costas italianas desde Libia. Tristemente, como los traficantes y mafiosos llenan los botes con centenares de personas equipadas con chalecos salvavidas no homologados y sin combustible suficiente para cruzar los 300 km de costa que separan los dos países, uno de cada 40 muere en el intento.


Esclavos en el camino
Desde los países situados en la parte norte del Mediterráneo, ponemos la mirada en el mar. Para llegar a los puertos que hay a las puertas de Europa, estas personas tienen que pasar meses o años cruzando el desierto del Sáhara o países sumidos en guerras u otras situaciones violentas. Los timos son frecuentes, lo que los obliga a trabajar para conseguir dinero para continuar su camino.

“En la entrada del desierto hay coches Toyota esperando nuestros 600 euros. Subían a 30 personas en una ranchera, encogidas en el maletero, con un palo separándonos para cogernos. Necesitamos cinco días para cruzar el desierto con diez litros de agua. Parábamos solo dos veces al día para estirar las piernas, pero nos dolían tanto los huesos que casi nadie se movía. Como viajábamos de día y hacía muchísimo calor, a muchos se les terminaba el agua y los demás no les ofrecíamos la nuestra por miedo de morir. Y algunos murieron. Cuando falleció la primera persona, empezamos a pegar golpes a la cabina del conductor para que parara, pero nos apaleó tan fuerte que con los siguientes no dijimos nada”.
                                                                                                                Testimonio de Haji

Los que sobreviven llegan a un país anárquico donde los migrantes son utilizados en los enfrentamientos entre guerrillas, vendidos como esclavos o encerrados en centros de detención en condiciones insalubres y con la amenaza constante de ser torturados. En noviembre de 2017, la CNN denunció que en Libia la práctica de la esclavitud derivada del tráfico de personas es común y “afecta principalmente a personas que, buscando huir de guerras o de situaciones de pobreza, acaban siendo esclavizadas”. Aunque es complejo de medir, se calcula que en Libia hay más de 300.000 personas atrapadas, muchas de ellas en situación de esclavitud. Puede parecer increíble en el siglo XXI, pero en el mundo hay más de 40 millones de personas en situación de esclavitud, y la CNN, después de meses de investigación, confirmó que existen por lo menos nueve mercados de esclavos en Libia: por 400 dólares, los libios pueden comprar a una persona subsahariana para distintos fines sin ofrecerle nada más que un techo y la comida necesaria para trabajar, aunque a veces no reciben ni eso.

Haji ilustra dos situaciones más que reflejan cómo la ausencia de cuerpos de seguridad que eviten las prácticas ilegales refuerza las mafias y el tráfico de personas. Por un lado, es la policía la que arresta a los inmigrantes para llevarlos a los centros de detención ilegales donde serán vendidos como esclavos o extorsionarán a sus familias para recibir dinero a cambio de un trato más justo. Y, por otro lado, él mismo fue escogido y esclavizado por un policía que no pagó nada por él ni por sus dos compañeros por ser la autoridad.

¿Por qué en Libia? Porque sin el caos que reina en el sistema, mucho más alarmante desde que Gadafi fue asesinado, esto no sería posible. Este contexto ha permitido a los traficantes y contrabandistas crear sus redes e iniciar un lucrativo mercado comerciando con personas, además de bienes materiales. Los que no son vendidos como esclavos no tienen mucha más suerte: pasan meses detenidos en centros de detención pseudooficiales, amontonados y sin condiciones higiénicas, esperando el ofrecimiento de alguno de los traficantes para subir a un barco en condiciones más que precarias, con un elevado riesgo de morir a orillas de Europa.

Mercados de esclavos a 300 km
Mientras Gadafi gobernaba, aseguraba el control fronterizo a cambio de compensaciones europeas. La Unión Europea, la misma que en los noventa lo consideraba un peligro por apoyar a grupos terroristas, cerró en 2008 un acuerdo por el que le pagaba 500 millones de dólares a cambio de contener los flujos migratorios. Italia dobló el acuerdo más adelante, con lo que Gadafi recibiría cinco mil millones de dólares en 20 años. En 2010 él mismo amenazó a los europeos con que el continente se convirtiera en África debido a las migraciones ilegales.

La UE parece querer evitarlo y, así, la situación es prácticamente la misma: cierra sus fronteras mientras invierte importantes cantidades de dinero en crear muros de contención en los países de tránsito. Además de a Turquía, la UE anunció el pago de cien millones de euros a Sudán para promover “la estabilidad” en poblaciones vulnerables en zonas de conflicto. En realidad, al menos cinco millones ya están a manos de las Fuerzas Rápidas de Apoyo, grupo formado por miembros de las antiguamente conocidas como milicias Janjaweed, acusadas de genocidio en Sudán y utilizadas ahora para frenar a aquellas personas que intentan utilizar esta ruta migratoria. Hace aproximadamente un año, la UE anunció la inversión de 130 millones de euros para convertir de nuevo a Libia en su muro de contención antiinmigración. Con este dinero, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ofrece formación y material a los guardacostas libios —los mismos que han disparado a barcos de ONG que realizan rescates en el Mediterráneo y de los que se sospecha que tienen vínculos con las mafias— mientras se asigna menos del 10% para ayuda humanitaria.

Amnistía Internacional ha acusado a la UE de ser cómplice en la tortura de refugiados. Una parte podría explicarse por la financiación a estos grupos o fuerzas de seguridad poco legitimadas. Italia, por su parte, obligó a las ONG que operan barcos de rescate a firmar un código de conducta que incluye medidas como permitir al Ejército italiano acompañarlos en las misiones. Asimismo, los Gobiernos de los países de la UE han reforzado las políticas de retorno voluntario y forzoso y se alegraron cuando la Unión Africana comenzó a repatriar inmigrantes desde Libia a sus países de origen —a finales de 2017, Nigeria ya había recibido a 3.000 repatriados—. Como resultado de todas estas estrategias, en julio de 2017 la llegada de inmigrantes a Italia desde Libia se redujo más del 50%.

En los dos últimos años Italia se ha erigido en la principal puerta de entrada de migrantes procedentes del Mediterráneo. Fuente: Statista.

Pero la realidad es que la UE ayuda a las autoridades libias a dejar atrapadas a las personas en un país donde las violaciones de derechos humanos y la violencia son la norma en el trato de persones inmigrantes. Las autoridades hablan alegremente de “evacuaciones”, pero evacuar a estas personas significa llevarlas de nuevo al país de donde huyeron. Haji comentaba que dejó a su familia en Gambia porque “era el hermano mayor que quedaba en casa, y después de que mi padre muriera tenía que hacer algo para que mi familia saliera adelante”. A corto plazo, los países de donde provienen la mayoría de los inmigrantes seguirán sin ofrecer oportunidades de desarrollo y los jóvenes continuarán buscándolas donde sea. Mientras tanto, las mafias seguirán lucrándose de una forma u otra: vendiendo esclavos, enviando a personas en botes sin ninguna garantía después de cobrarles miles de euros o directamente con el dinero que la UE les ofrece para frenar la llegada de inmigrantes.

En cambio, las personas que abandonan sus hogares en busca de oportunidades y seguridad cruzan fronteras y, con suerte, llegan a Europa sin conseguir este objetivo. Llegan a España o Italia después de este viaje con la muerte y siguen siendo esclavos, ya que, debido a su condición de inmigrantes en situación irregular, no pueden disfrutar de libertades y viven con el miedo de ser deportados. Durante años, solo tendrán contacto telefónico con sus familiares, no podrán exigir derechos a quien los contrate o les alquile una habitación, etc. Como explica Haji, “mi viaje terminará cuando pueda visitar a mi familia cogiendo un avión y en cuatro horas pueda estar con ellos”.

Gemma Roquet, Barcelona, 1992. Graduada en Ciencias Políticas por la UB y Máster en Relaciones internacionales, Seguridad y Desarrollo por la UAB. Interesada en conflictos internacionales, principalmente en la región de Asia.

sábado, 21 de abril de 2018

Dinamarca también se cierra a la inmigración.


La decisión de confiscar bienes a partir de un tope de Suecia y Dinamarca, junto con la más drástica resolución noruega de obligar a los refugiados a regresar a su país a través de su frontera del ártico, vienen a cuestionar los valores con los que se abanderan estos países de justicia social y respeto por los derechos humanos. No cabe duda de que son ejemplares en cuanto a políticas de redistribución que han simbolizado además un rumbo para la socialdemocracia europea, pero los desencuentros de las últimas fechas vienen a cuestionar si los modelos de bienestar de estos países siguen optando a ser universales. Lo que se dice en Hamlet en el Acto 1, el célebre “algo huele a podrido en Dinamarca” (“Something is rotten in the state of Denmark”) bien podría servir para designar el giro cuyo hedor hacer revivir, salvando las distancias, otras incautaciones de infausto recuerdo.

Apoyo ley migrante en Dinamarca.

Una cuestión que deviene necesario analizar es si estas medidas obedecen a una respuesta circunstancial y excepcional ante la actual crisis humanitaria o si radican en posturas ideológicas y medidas anteriores a la misma. En el caso concreto de Dinamarca puede decirse que la trayectoria de políticas restrictivas tanto con refugiados como con inmigrantes viene de tiempo atrás. Este país posee características especiales que lo diferencian de otros europeos, aunque son en gran medida compartidas tanto con Suecia como con Noruega. En primer lugar, cuenta con una población bastante homogénea tanto étnicamente como en el plano religioso –el 80% de la población son luteranos–. Esto se debe a que hasta hace poco no era país receptor de inmigrantes y a que, frente a otros estados europeos como Francia o Reino Unido, no participó de forma directa en el colonialismo.

En segundo lugar y como se venía mencionando, es un referente en cuanto a políticas del estado de bienestar y cuenta por tanto con una trayectoria de medidas económicas redistributivas a las que acompaña un mercado laboral bastante regulado. La socialdemocracia logró que se llegara a un gran pacto entre los sindicatos, la patronal y el estado que, aunque deja márgenes de actuación a todas las partes, sirve a un consenso. Aquí, y de nuevo en comparación con otros estados europeos, cabe mencionar los efectos que esto tiene en el mercado laboral, con un salario mínimo elevado fruto de negociaciones colectivas y una apuesta por los puestos de alta cualificación, lo que tiene consecuencias para la integración.

Evolución de la política migratoria danesa
Dinamarca pasó de ser un país de emigrantes a uno receptor de inmigrantes a finales de los años 60, y la cifra de estos fue aumentando en las siguientes décadas acompañada, especialmente en los años 80, de una progresiva mejora de la situación de estos en el ámbito legal. A pesar de que en épocas de recesión existía cierto recelo con los migrantes por trabajo, se facilitó la reunificación familiar y se elaboró un marco legal que buscaba, a través de la asistencia social, la integración de estos. En concreto en 1983 se aprobó un paquete de medidas con la única oposición de la extrema derecha, que transformaba la anterior, y cerrada, política migratoria danesa, en una liberal, que procuraba la integración frente a la anterior postura de asimilación o expulsión. Aunque se introdujeron medidas restrictivas en los años noventa, Dinamarca acogió numerosos refugiados de la Guerra de los Balcanes. Entre 1998 y 2000 el número de solicitantes de asilo estaba por encima del de la Europa de los 15 y el número de casos de reconocimiento de asilo superaba a su vez la media de la OCDE (Datos de Denmark Country Report 2007).

No cabe duda de que la medida recientemente aprobada en el parlamento danés de confiscar los bienes de refugiados a partir de las 10.000 Coronas (unos 1.450 $), ha sido polémica y ha recibido críticas tanto dentro como fuera de Dinamarca. No obstante, no debiera olvidarse el auge de la extrema derecha en muchos países europeos en los últimos años, para los que esta decisión puede haber significado un camino a seguir. A la incautación de bienes, le acompaña una medida que pretende limitar la reunificación familiar endureciendo los requerimientos, y que sitúa en 3 años el tiempo de espera para empezar a solicitar la residencia permanente. El portavoz del gobierno, Jacob Jensen, del Partido Liberal que gobierna junto con el PPD, justificaba la medida como una decisión ineludible ante la falta de armonización de políticas a nivel europeo. Y advertía que la ausencia de compromisos comunes y acuerdos en la crisis de refugiados llevará a medidas unilaterales que si bien pueden considerarse poco solidarias son, a su juicio, necesarias para la asimilación de unos flujos tan grandes de población en tan poco tiempo.

El ala de extrema derecha del gobierno, el Partido Popular Danés, no desmiente que se trata de una medida que busca disuadir a los refugiados de ir a Dinamarca. Lo que debiera sorprender de esta decisión es que entre los 81 votos a favor de la medida encontramos al primer partido de la oposición, el Partido Socialdemócrata, que es además el primero en escaños de la Cámara, con 47 asientos – y el 26.3% de los votos –.

Como Venstre (el Partido Liberal), los socialdemócratas basan su decisión sobre el standby en lo relativo a la armonización de políticas a nivel europeo, lo que vendría a justificar las medidas unilaterales y disuasorias aprobadas en el Parlamento. Entre otros, se cuestiona la validez del Reglamento de Dublín II tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 21 de enero de 2011. En la sentencia M.S.S. frente a Bélgica y Grecia, el Tribunal se posicionaba en contra de la devolución de los solicitantes de asilo al primer país de la Unión Europea al que han accedido, que tendría que ser el responsable de tramitar las solicitudes en virtud de Dublín II. Asimismo, el Tribunal se pronunciaba a favor del demandante, un ciudadano afgano que trabajaba para la OTAN y que huía de un ataque talibán en Kabul. Desde Grecia, habría viajado a Bélgica donde solicitó el asilo y desde donde fue devuelto al país heleno. Junto con la falta de consensos, esta decisión que abre una línea jurisprudencial, sirve de argumento a estos partidos que temen que Dinamarca se convierta por sus políticas redistributivas y asistenciales en un imán para los refugiados que, ante la imposibilidad de una efectiva integración, ‘desvalijen’ el sistema de bienestar.

Este cambio de parecer no solo obedece a la correlación de fuerzas de la derecha danesa, sino al triunfo de un discurso hegemónico que no ha encontrado prácticamente resistencia entre las principales fuerzas políticas de centro-izquierda. El tema de la inmigración había sido central para el partido de extrema derecha Fremskridtspartiet desde su fundación en 1972, pero su importancia en la agenda política danesa era secundaria para el resto de fuerzas, tanto a nivel discursivo como programático. En 1995 tiene lugar una escisión dentro de este partido y los principales líderes siguen a Pia Kjærgaard en la fundación del nuevo Partido Popular Danés, logrando así escapar de las disputas internas del anterior partido. El PPD comienza su historia con un liderazgo firme y bien valorado.

La cuestión migratoria privilegiada en la agenda política
Desde sus inicios, el PPD busca en su estrategia desmarcarse de las conexiones con partidos neonazis que poseía el Fremskridtspartiet del que era una escisión, aunque hace de la cuestión migratoria un asunto central. Ello se debe en parte a que sus líderes son conscientes de que desde 1994 se había roto el consenso sobre inmigración y asilo en el debate parlamentario sobre la pérdida de asilo de los bosnios. La importante llegada de refugiados de la Guerra de los Balcanes y el cambio de posicionamiento de los dos partidos de centro-derecha –liberal y conservador– con respecto a la concesión de asilo, entreabren un nicho en la arena electoral a la extrema derecha. En las elecciones de 1998 el PPD logra un 7.4% de los votos y hace que Venstre –liberales– y el Partido Conservador anoten este tema como un problema central en su agenda.

En las elecciones de 2001 y tras una campaña en la que las fuerzas de derecha lograron dar protagonismo a la política migratoria, quedan Venstre como primera fuerza y el Partido Popular Danés como tercera con un 12% de los votos, y se forma una gran coalición entre los partidos liberal y conservador y la extrema derecha, el PPD. Hasta entonces, estos dos primeros habían pactado con el Partido Social Liberal, que había hecho las veces de tope a las restricciones en materia de política migratoria, pero al haberse coaligado éste para formar gobierno en las anteriores elecciones con la socialdemocracia, quedaba fuera como candidato para la nueva gran coalición de la derecha; sin este tope el centro-derecha tenía prácticamente carta blanca para tomar medidas limitativas en esta materia.

Entre los principales ámbitos afectados quedaron la reunificación familiar, para la que se impusieron nuevos requisitos, y las ayudas: gran parte del discurso de la derecha en contra de la inmigración gravitaba en torno a la cuestión de la asistencia social, por considerarse que ésta desincentivaba la inserción en el mercado laboral. En realidad, la discusión acerca de si la integración debía realizarse a través del mercado laboral o con ayudas llevaba ya tiempo encima de la mesa y enfrentaba al centro-derecha con los sindicatos, y a estos con parte de la izquierda. El PPD supo utilizar esto en su diatriba, aludiendo a ratos al peligro que suponía para el estado de bienestar la inmigración, y en otros haciendo referencia a la pérdida de empleos que supone para los daneses.

El comienzo y crecimiento del PPD como un actor político determinante en Dinamarca viene acompañado de tres procesos que benefician a, y de los que se sabe beneficiar, la extrema derecha danesa. En primer lugar y tras un pequeño aumento del desempleo en los años 90, comienza a triunfar un discurso nacionalista y utilitarista que viene a sustituir al humanista de años anteriores. La supervivencia de los estados de bienestar aparece ligada al pleno empleo y a la efectividad de las prestaciones. En segundo lugar, con la entrada del 2000, tiene lugar un auge del relativismo cultural aludido en el ‘choque de civilizaciones’ de Huntington. Los ataques del 11 de septiembre acentúan esta tendencia de la que ya había hecho uso propagandístico el partido predecesor del PPD, el Fremskridtspartiet, que siempre había expresado sus reservas a la concesión de asilo y residencia permanente a migrantes musulmanes. De hecho, se hace una utilización interesada del discurso humanista y universal para tildar otras tradiciones como inferiores.

Por último, y en línea con el discurso utilitarista, se proponen medidas de estimación del ‘valor económico’ de la población migrante, si este obedece a necesidades en el mercado laboral danés o si su incorporación en el mismo es prescindible o indeseable. La derecha y el centro-derecha impulsaron un discurso que ligaba el triunfo del estado de bienestar con la homogeneidad cultural señalando la aculturación como un elemento amenazador y haciendo hincapié en los incentivos negativos que suponían las ayudas sociales a la verdadera integración. De hecho, parte de la derecha danesa esgrime un discurso con el que arremete contra los migrantes que lo sean por razones políticas y humanitarias y no por trabajo, y que son a su juicio más dependientes de las ayudas sociales. Aquí cabe realizar una aclaración: si bien el estatus de refugiado es legal y políticamente diferenciado del de inmigrante por razones económicas, lo cierto es que la etimología de la palabra ‘migrante’ (migrare, cambiar de residencia, moverse) vendría a designar a ambos, y algunos autores hablan directamente de migrantes humanitarios y migrantes por razones económicas.

Ante todo esto, el partido socialdemócrata optó por una retórica defensiva y desdeñó la importancia que este debate comenzaba a tener en la opinión pública. Analizar los elementos discursivos de la derecha danesa resulta necesario para entender su calado porque encierran aseveraciones deductivas que dejan huella en el imaginario colectivo. Una de las propuestas más repetidas por el PPD es la expulsión de refugiados e inmigrantes que cometan crímenes tipificados en el derecho danés. La repetición de esta iniciativa en televisión, campañas y debates, construye una relación entre población migrante y criminalidad. Otra de las políticas defendidas, la provisión de un curso en derechos humanos para refugiados e inmigrantes por trabajo, proyecta también una idea negativa sobre estos, a saber, que desconocían los valores democráticos y universales que en teoría deberían conocer para integrarse en la sociedad danesa.

Este cartel es parte de la campaña propagandística del Partido Popular Danés, hoy segunda fuerza en el Parlamento: “¿Su Dinamarca? Una sociedad multiétnica con: violaciones en masa, asaltos, inseguridad, matrimonios forzados, opresión de las mujeres, bandidaje. ¿Es lo que quiere?”

A partir del 2000 se tomaron medidas que iban en la misma dirección que los alegatos discursivos, se endureció aún más la normativa para la reunificación y se exigía para ésta una aportación de 55.241 DKK (2005), aunque se devolvería la mitad si el familiar asistía a un curso o aprobaba un examen de danés; se reduce la cuantía de las asistencias y se aumentan los requisitos para acceder a estas; a su vez, los refugiados en espera de que se tramite su petición de asilo no pueden trabajar. Al mismo tiempo, se potencian asociaciones de asistencia religiosa para favorecer la llegada de inmigrantes no musulmanes.

Lo que resulta central es que con la aparición y ascenso del PPD se impone el discurso de asimilación como dominante en el espectro político, rompiendo el consenso que previamente existía en torno a la integración. Bien es cierto que antes de los años 90’ ya convivían con el argumentario integrador tanto el discurso asimilativo como el pluricultural, pero la alianza de la derecha junto con el triunfo de la retórica de la aculturación como amenaza acechante triunfan al resquebrajar el consenso que antes existía alrededor de la cuestión migratoria.

En general, las políticas migratorias se desenvuelven entre tres perspectivas estratégicas entre las que se reparten, según su ideología, las fuerzas políticas de un determinado estado. Así, la primera de ellas sería la asimilación, que parte de un discurso universalista y culturalista que legitima una transgresión en la división de la esfera pública y de la privada. La medida que obliga a los refugiados a realizar un curso sobre la sociedad danesa o la de firmar un papel por el que se comprometen a hacer todo lo que esté en su mano por ‘integrarse’, son ejemplos de políticas que siguen esta dirección. En segundo lugar, la integración representa al discurso liberal y legalista de separación entre lo público y lo privado que viene a enfocar el fenómeno migratorio en el mercado.

Aunque podemos encontrar cismas dentro de este enfoque en Dinamarca, sobre si se debe realizar a través del mercado o de la asistencia estatal, se parte de una premisa de igualdad ante la ley, respeto y no discriminación. En tercer lugar, encontramos la minoritaria visión pluricultural, que entiende la diversidad como una consecuencia del mundo plural en el que vivimos y considera que es posible hacer un uso instrumental de ello si sabemos aprehender las ventajas que nos aporta. Esta visión es defendida por partidos de izquierda y una parte de los socialdemócratas. La visión pluricultural reivindica el valor de la diversidad como un elemento enriquecedor, y choca por ello diametralmente con el fenómeno de la aculturación, que teme que los valores daneses se pierdan en la convivencia con otras culturas que vacían y pervierten al “clan danés”.

El temor a que la retórica del PPD extienda su influjo a otros países ya aparece anunciada en boca de Martin Henriksen, diputado de este partido, que esperaba que la reciente medida aprobada de confiscación de bienes y restricciones a la reunificación iniciara una reacción en cadena en el resto de Europa. Este tipo de declaraciones y medidas no sólo pisotean el discurso humanista y universalista que se arrogan los países escandinavos, sino que viene a cuestionar la solidaridad europea y los valores radicales de la socialdemocracia danesa, que ha sido cómplice de la supervivencia y triunfo de esta retórica.

Inés Lucía, Madrid, 1992. Graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense. Máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado prácticas en el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.
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