Dinamarca también se cierra a la inmigración.

La decisión de confiscar bienes a partir de un tope de Suecia y Dinamarca, junto con la más drástica resolución noruega de obligar a los refugiados a regresar a su país a través de su frontera del ártico, vienen a cuestionar los valores con los que se abanderan estos países de justicia social y respeto por los derechos humanos. No cabe duda de que son ejemplares en cuanto a políticas de redistribución que han simbolizado además un rumbo para la socialdemocracia europea, pero los desencuentros de las últimas fechas vienen a cuestionar si los modelos de bienestar de estos países siguen optando a ser universales. Lo que se dice en Hamlet en el Acto 1, el célebre “algo huele a podrido en Dinamarca” (“Something is rotten in the state of Denmark”) bien podría servir para designar el giro cuyo hedor hacer revivir, salvando las distancias, otras incautaciones de infausto recuerdo.

Apoyo ley migrante en Dinamarca.

Una cuestión que deviene necesario analizar es si estas medidas obedecen a una respuesta circunstancial y excepcional ante la actual crisis humanitaria o si radican en posturas ideológicas y medidas anteriores a la misma. En el caso concreto de Dinamarca puede decirse que la trayectoria de políticas restrictivas tanto con refugiados como con inmigrantes viene de tiempo atrás. Este país posee características especiales que lo diferencian de otros europeos, aunque son en gran medida compartidas tanto con Suecia como con Noruega. En primer lugar, cuenta con una población bastante homogénea tanto étnicamente como en el plano religioso –el 80% de la población son luteranos–. Esto se debe a que hasta hace poco no era país receptor de inmigrantes y a que, frente a otros estados europeos como Francia o Reino Unido, no participó de forma directa en el colonialismo.

En segundo lugar y como se venía mencionando, es un referente en cuanto a políticas del estado de bienestar y cuenta por tanto con una trayectoria de medidas económicas redistributivas a las que acompaña un mercado laboral bastante regulado. La socialdemocracia logró que se llegara a un gran pacto entre los sindicatos, la patronal y el estado que, aunque deja márgenes de actuación a todas las partes, sirve a un consenso. Aquí, y de nuevo en comparación con otros estados europeos, cabe mencionar los efectos que esto tiene en el mercado laboral, con un salario mínimo elevado fruto de negociaciones colectivas y una apuesta por los puestos de alta cualificación, lo que tiene consecuencias para la integración.

Evolución de la política migratoria danesa

Dinamarca pasó de ser un país de emigrantes a uno receptor de inmigrantes a finales de los años 60, y la cifra de estos fue aumentando en las siguientes décadas acompañada, especialmente en los años 80, de una progresiva mejora de la situación de estos en el ámbito legal. A pesar de que en épocas de recesión existía cierto recelo con los migrantes por trabajo, se facilitó la reunificación familiar y se elaboró un marco legal que buscaba, a través de la asistencia social, la integración de estos. En concreto en 1983 se aprobó un paquete de medidas con la única oposición de la extrema derecha, que transformaba la anterior, y cerrada, política migratoria danesa, en una liberal, que procuraba la integración frente a la anterior postura de asimilación o expulsión. Aunque se introdujeron medidas restrictivas en los años noventa, Dinamarca acogió numerosos refugiados de la Guerra de los Balcanes. Entre 1998 y 2000 el número de solicitantes de asilo estaba por encima del de la Europa de los 15 y el número de casos de reconocimiento de asilo superaba a su vez la media de la OCDE (Datos de Denmark Country Report 2007).

No cabe duda de que la medida recientemente aprobada en el parlamento danés de confiscar los bienes de refugiados a partir de las 10.000 Coronas (unos 1.450 $), ha sido polémica y ha recibido críticas tanto dentro como fuera de Dinamarca. No obstante, no debiera olvidarse el auge de la extrema derecha en muchos países europeos en los últimos años, para los que esta decisión puede haber significado un camino a seguir. A la incautación de bienes, le acompaña una medida que pretende limitar la reunificación familiar endureciendo los requerimientos, y que sitúa en 3 años el tiempo de espera para empezar a solicitar la residencia permanente. El portavoz del gobierno, Jacob Jensen, del Partido Liberal que gobierna junto con el PPD, justificaba la medida como una decisión ineludible ante la falta de armonización de políticas a nivel europeo. Y advertía que la ausencia de compromisos comunes y acuerdos en la crisis de refugiados llevará a medidas unilaterales que si bien pueden considerarse poco solidarias son, a su juicio, necesarias para la asimilación de unos flujos tan grandes de población en tan poco tiempo.

El ala de extrema derecha del gobierno, el Partido Popular Danés, no desmiente que se trata de una medida que busca disuadir a los refugiados de ir a Dinamarca. Lo que debiera sorprender de esta decisión es que entre los 81 votos a favor de la medida encontramos al primer partido de la oposición, el Partido Socialdemócrata, que es además el primero en escaños de la Cámara, con 47 asientos – y el 26.3% de los votos –.

Como Venstre (el Partido Liberal), los socialdemócratas basan su decisión sobre el standby en lo relativo a la armonización de políticas a nivel europeo, lo que vendría a justificar las medidas unilaterales y disuasorias aprobadas en el Parlamento. Entre otros, se cuestiona la validez del Reglamento de Dublín II tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 21 de enero de 2011. En la sentencia M.S.S. frente a Bélgica y Grecia, el Tribunal se posicionaba en contra de la devolución de los solicitantes de asilo al primer país de la Unión Europea al que han accedido, que tendría que ser el responsable de tramitar las solicitudes en virtud de Dublín II. Asimismo, el Tribunal se pronunciaba a favor del demandante, un ciudadano afgano que trabajaba para la OTAN y que huía de un ataque talibán en Kabul. Desde Grecia, habría viajado a Bélgica donde solicitó el asilo y desde donde fue devuelto al país heleno. Junto con la falta de consensos, esta decisión que abre una línea jurisprudencial, sirve de argumento a estos partidos que temen que Dinamarca se convierta por sus políticas redistributivas y asistenciales en un imán para los refugiados que, ante la imposibilidad de una efectiva integración, ‘desvalijen’ el sistema de bienestar.

Este cambio de parecer no solo obedece a la correlación de fuerzas de la derecha danesa, sino al triunfo de un discurso hegemónico que no ha encontrado prácticamente resistencia entre las principales fuerzas políticas de centro-izquierda. El tema de la inmigración había sido central para el partido de extrema derecha Fremskridtspartiet desde su fundación en 1972, pero su importancia en la agenda política danesa era secundaria para el resto de fuerzas, tanto a nivel discursivo como programático. En 1995 tiene lugar una escisión dentro de este partido y los principales líderes siguen a Pia Kjærgaard en la fundación del nuevo Partido Popular Danés, logrando así escapar de las disputas internas del anterior partido. El PPD comienza su historia con un liderazgo firme y bien valorado.

La cuestión migratoria privilegiada en la agenda política

Desde sus inicios, el PPD busca en su estrategia desmarcarse de las conexiones con partidos neonazis que poseía el Fremskridtspartiet del que era una escisión, aunque hace de la cuestión migratoria un asunto central. Ello se debe en parte a que sus líderes son conscientes de que desde 1994 se había roto el consenso sobre inmigración y asilo en el debate parlamentario sobre la pérdida de asilo de los bosnios. La importante llegada de refugiados de la Guerra de los Balcanes y el cambio de posicionamiento de los dos partidos de centro-derecha –liberal y conservador– con respecto a la concesión de asilo, entreabren un nicho en la arena electoral a la extrema derecha. En las elecciones de 1998 el PPD logra un 7.4% de los votos y hace que Venstre –liberales– y el Partido Conservador anoten este tema como un problema central en su agenda.

En las elecciones de 2001 y tras una campaña en la que las fuerzas de derecha lograron dar protagonismo a la política migratoria, quedan Venstre como primera fuerza y el Partido Popular Danés como tercera con un 12% de los votos, y se forma una gran coalición entre los partidos liberal y conservador y la extrema derecha, el PPD. Hasta entonces, estos dos primeros habían pactado con el Partido Social Liberal, que había hecho las veces de tope a las restricciones en materia de política migratoria, pero al haberse coaligado éste para formar gobierno en las anteriores elecciones con la socialdemocracia, quedaba fuera como candidato para la nueva gran coalición de la derecha; sin este tope el centro-derecha tenía prácticamente carta blanca para tomar medidas limitativas en esta materia.

Entre los principales ámbitos afectados quedaron la reunificación familiar, para la que se impusieron nuevos requisitos, y las ayudas: gran parte del discurso de la derecha en contra de la inmigración gravitaba en torno a la cuestión de la asistencia social, por considerarse que ésta desincentivaba la inserción en el mercado laboral. En realidad, la discusión acerca de si la integración debía realizarse a través del mercado laboral o con ayudas llevaba ya tiempo encima de la mesa y enfrentaba al centro-derecha con los sindicatos, y a estos con parte de la izquierda. El PPD supo utilizar esto en su diatriba, aludiendo a ratos al peligro que suponía para el estado de bienestar la inmigración, y en otros haciendo referencia a la pérdida de empleos que supone para los daneses.

El comienzo y crecimiento del PPD como un actor político determinante en Dinamarca viene acompañado de tres procesos que benefician a, y de los que se sabe beneficiar, la extrema derecha danesa. En primer lugar y tras un pequeño aumento del desempleo en los años 90, comienza a triunfar un discurso nacionalista y utilitarista que viene a sustituir al humanista de años anteriores. La supervivencia de los estados de bienestar aparece ligada al pleno empleo y a la efectividad de las prestaciones. En segundo lugar, con la entrada del 2000, tiene lugar un auge del relativismo cultural aludido en el ‘choque de civilizaciones’ de Huntington. Los ataques del 11 de septiembre acentúan esta tendencia de la que ya había hecho uso propagandístico el partido predecesor del PPD, el Fremskridtspartiet, que siempre había expresado sus reservas a la concesión de asilo y residencia permanente a migrantes musulmanes. De hecho, se hace una utilización interesada del discurso humanista y universal para tildar otras tradiciones como inferiores.

Por último, y en línea con el discurso utilitarista, se proponen medidas de estimación del ‘valor económico’ de la población migrante, si este obedece a necesidades en el mercado laboral danés o si su incorporación en el mismo es prescindible o indeseable. La derecha y el centro-derecha impulsaron un discurso que ligaba el triunfo del estado de bienestar con la homogeneidad cultural señalando la aculturación como un elemento amenazador y haciendo hincapié en los incentivos negativos que suponían las ayudas sociales a la verdadera integración. De hecho, parte de la derecha danesa esgrime un discurso con el que arremete contra los migrantes que lo sean por razones políticas y humanitarias y no por trabajo, y que son a su juicio más dependientes de las ayudas sociales. Aquí cabe realizar una aclaración: si bien el estatus de refugiado es legal y políticamente diferenciado del de inmigrante por razones económicas, lo cierto es que la etimología de la palabra ‘migrante’ (migrare, cambiar de residencia, moverse) vendría a designar a ambos, y algunos autores hablan directamente de migrantes humanitarios y migrantes por razones económicas.

Ante todo esto, el partido socialdemócrata optó por una retórica defensiva y desdeñó la importancia que este debate comenzaba a tener en la opinión pública. Analizar los elementos discursivos de la derecha danesa resulta necesario para entender su calado porque encierran aseveraciones deductivas que dejan huella en el imaginario colectivo. Una de las propuestas más repetidas por el PPD es la expulsión de refugiados e inmigrantes que cometan crímenes tipificados en el derecho danés. La repetición de esta iniciativa en televisión, campañas y debates, construye una relación entre población migrante y criminalidad. Otra de las políticas defendidas, la provisión de un curso en derechos humanos para refugiados e inmigrantes por trabajo, proyecta también una idea negativa sobre estos, a saber, que desconocían los valores democráticos y universales que en teoría deberían conocer para integrarse en la sociedad danesa.

Este cartel es parte de la campaña propagandística del Partido Popular Danés, hoy segunda fuerza en el Parlamento: “¿Su Dinamarca? Una sociedad multiétnica con: violaciones en masa, asaltos, inseguridad, matrimonios forzados, opresión de las mujeres, bandidaje. ¿Es lo que quiere?”

A partir del 2000 se tomaron medidas que iban en la misma dirección que los alegatos discursivos, se endureció aún más la normativa para la reunificación y se exigía para ésta una aportación de 55.241 DKK (2005), aunque se devolvería la mitad si el familiar asistía a un curso o aprobaba un examen de danés; se reduce la cuantía de las asistencias y se aumentan los requisitos para acceder a estas; a su vez, los refugiados en espera de que se tramite su petición de asilo no pueden trabajar. Al mismo tiempo, se potencian asociaciones de asistencia religiosa para favorecer la llegada de inmigrantes no musulmanes.

Lo que resulta central es que con la aparición y ascenso del PPD se impone el discurso de asimilación como dominante en el espectro político, rompiendo el consenso que previamente existía en torno a la integración. Bien es cierto que antes de los años 90’ ya convivían con el argumentario integrador tanto el discurso asimilativo como el pluricultural, pero la alianza de la derecha junto con el triunfo de la retórica de la aculturación como amenaza acechante triunfan al resquebrajar el consenso que antes existía alrededor de la cuestión migratoria.

En general, las políticas migratorias se desenvuelven entre tres perspectivas estratégicas entre las que se reparten, según su ideología, las fuerzas políticas de un determinado estado. Así, la primera de ellas sería la asimilación, que parte de un discurso universalista y culturalista que legitima una transgresión en la división de la esfera pública y de la privada. La medida que obliga a los refugiados a realizar un curso sobre la sociedad danesa o la de firmar un papel por el que se comprometen a hacer todo lo que esté en su mano por ‘integrarse’, son ejemplos de políticas que siguen esta dirección. En segundo lugar, la integración representa al discurso liberal y legalista de separación entre lo público y lo privado que viene a enfocar el fenómeno migratorio en el mercado.

Aunque podemos encontrar cismas dentro de este enfoque en Dinamarca, sobre si se debe realizar a través del mercado o de la asistencia estatal, se parte de una premisa de igualdad ante la ley, respeto y no discriminación. En tercer lugar, encontramos la minoritaria visión pluricultural, que entiende la diversidad como una consecuencia del mundo plural en el que vivimos y considera que es posible hacer un uso instrumental de ello si sabemos aprehender las ventajas que nos aporta. Esta visión es defendida por partidos de izquierda y una parte de los socialdemócratas. La visión pluricultural reivindica el valor de la diversidad como un elemento enriquecedor, y choca por ello diametralmente con el fenómeno de la aculturación, que teme que los valores daneses se pierdan en la convivencia con otras culturas que vacían y pervierten al “clan danés”.

El temor a que la retórica del PPD extienda su influjo a otros países ya aparece anunciada en boca de Martin Henriksen, diputado de este partido, que esperaba que la reciente medida aprobada de confiscación de bienes y restricciones a la reunificación iniciara una reacción en cadena en el resto de Europa. Este tipo de declaraciones y medidas no sólo pisotean el discurso humanista y universalista que se arrogan los países escandinavos, sino que viene a cuestionar la solidaridad europea y los valores radicales de la socialdemocracia danesa, que ha sido cómplice de la supervivencia y triunfo de esta retórica.

Inés Lucía, Madrid, 1992. Graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense. Máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado prácticas en el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.